Los países están tomando medidas para evitar que operadores extranjeros se metan en sus territorios para desarrollar sus actividades de juego online. El último caso es el de Portugal, que tras el conflicto entre Bwin, la Liga Portuguesa de Fútbol y la Santa Casa da Misericordia de Lisboa (propietaria en exclusiva de los derechos referentes a las apuestas en el país), ha decidido actuar.

Debido al revuelo levantado, ha actuado un abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, dándole la razón al gobierno luso matizando que la medida debe tener ciertas garantías, como son la consulta de si tal medida resulta de interés público y realizar un control que garantice que los consumidores están protegidos, siendo la propia justicia portuguesa la encargada de decidir si las mencionadas garantías se cumplen o no.

Lo que está claro es que las salas de poker en particular y las casas de apuestas en general, están en contra de esta medida por perjudicar la misma gravemente sus intereses económicos y por violar, según consideran, los principios fundamentales de un mercado libre y justo.

Veremos en qué se queda todo este lío y si el gobierno español decide seguir los pasos del portugués.

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